Comarca de Gordón

[pepeB]

Coterráneo Villarín. El lugar donde uno nace siempre tira para su lado, aunque uno esté bien donde esté.Los problemas humanos son siempre universales y lo que ocurre en una parte ocurre en todas. El derecho, a grandes rasgos, está subordinado a la economía. Hubo una fiesta con Zapatero de la que ni Cataluña ni Vasconia se hicieron cargo a pesar de ser parte de ella; y partes responsables del funcionamiento del Estado. Ambos "Países", se quieren independizar de la deuda y del desempleo descomunal que tiene España, además de la deuda pública para pagar la "Fiesta del Milagro Español", se decía por aquí. Y al Gobierno español le conviene que se hable de independencia y no de "revolución". Impensable que ese tipo de fantasías locas de mujer y milagros (dice un tango) pudieran surgir en una país que vivió la miseria de la guerra y de la posguerra, sin que ello le dejara ninguna experiencia de lo que es la vida.

[Villarín]

No desees lo imposible (Quilón de Esparta)

NO DESEES LO IMPOSIBLE

La insolente retórica separatista antiespañola en Cataluña, un mal grande, que enciende odios y alza pasión y saña, es el desgraciado efecto de años de adoctrinamiento sistemático de la población, llevado a cabo con deletérea salmodia, manipulando historia, ideas y sentimientos y, en yuxtaposición, también a causa de la indolencia, desidia y pasividad irresponsable de la clase política y de los Gobiernos nacionales de la España constitucional.

En efecto, en esto último, durante largo tiempo, diferentes Gobiernos fueron complacientes con los nacionalistas, ante los que, por ganar su auxilio parlamentario han cedido y callado mucho, haciendo concesiones, favoreciendo y tolerando lo que no se debe soportar, dándoles fuerza tal, en el transcurso de los años, que, actualmente, en sus descarríos constitucionales, descaradamente atrevidos y dispuestos, se permiten avanzar espontáneamente y de propia voluntad, delante de nuestra vista, con el firme plan de destruir y arruinar la integridad de España, comenzando por menoscabar las leyes y las decisiones judiciales, que deslegitiman a cada paso, y que hay que proteger.

Si los secesionistas (que, en su osadía sin freno, incluyen proyectos de crecimiento territorial y vanidosamente usurpan culturas de comunidades limítrofes) continúan sin tregua en la forja de la separación, sin atender a las inexorables realidades, sin bajar la cabeza, atropellando el derecho de todos, como el avisado lector ve acaecer cada día, entonces, el Estado constitucional, sin vacilaciones, con naturalidad, debe imponer su autoridad, su potestad y su imperio, de manera firme, para evitar daño al imprescindible Estado de Derecho.

¿Se les va a permitir que consigan lo que desean? No se puede ceder ante la osadía descomedida de los separatistas. No dejemos abandonados los principios y valores constitucionales que están en juego y tanto costó lograrlos. A esta gente insolente, no se les debe permitir seguir haciendo lo que quieran, sin dar cuenta y responsabilidad efectiva de nada. Hasta ahora les ha salido todo gratis. ¿Blandura hasta el fin? Espero que el castigo legal, justo, prudente y adecuado a la realidad concreta de las transgresiones, esté cerca, pues se lo merecen.

Y esto, hágase sencillamente, con aplicación de los instrumentos coactivos que proporciona el ordenamiento jurídico, como se hace en cualquier país con nuestro grado de civilización. Y puesto que ya estamos viendo que no basta con el freno del derecho, a la vez, hay que adelgazar al separatismo, aplacándolo en su jactancia. ¿A qué se está aguardando? Que todas sus esperanzas se vengan a bajo. ¿Cómo? Combatiéndolo su desvarío, desde la libertad y la democracia constitucional. No hay que engañarse, el separatismo imperativo entraña latente violencia, es de temerarios dejar que llegue a opulento.

La mesnada levantisca, acérrima enemiga de España y de todo lo que ésta representa, en su hostilidad, excitan las emociones negativas, la maledicencia antagonista, pasan de los profundos lazos espirituales y de unidad moral entre todos los españoles y, con frialdad sentimental, fomentan desdén, despego y animadversión, concitando la antipatía recíproca y la división entre los ciudadanos.

Ya ha pasado el tiempo histórico de fueros, privilegios, inmunidades y ventajas, máxime, siendo como es, que todos los ciudadanos españoles somos iguales ante la ley, que es expresión de la voluntad general y que, en lo singular específico, con base objetiva, la personalidad, lengua y cultura catalana, en la vida social, no viven sino en libre expresión y desarrollo (realidad sociolingüística que no puede excluir el castellano, por la cooficialidad de las dos lenguas, ambas vehiculares y docentes), en una Cataluña que se gobierna con altísima autonomía, en el espacio que marca la Constitución española, que, en cualquier país, es la regla civilizada de coexistencia; regla que admite modificaciones, cuando se reputan necesarias por la experiencia.

Los secesionistas, que falsifican voluntades (se presentan como voz mayoritaria), viven en la tentación permanente de prescindir de lo que no sea su propia voluntad, sin atender a ninguna articulación en el sistema regulador constitucional español, que es el que dice y decide. La resistencia o desobediencia a las decisiones de los tribunales de justicia por parte de algunas autoridades de Cataluña, es clara expresión de un poder político arrogante, que estima, que las resoluciones de los tribunales deben adoptarse a su antojo, dándoles plena satisfacción a sus deseos, de lo contrario, en su enfatizado decir, es que estos órganos jurisdiccionales, donde reside toda justicia, están politizados. La independencia de los Tribunales, respecto del poder político, es, sin embargo, condición indispensable de la Justicia en un Estado de Derecho, y requisito para la seguridad de que se cumplan las leyes y las garantías jurídicas.

Las tendencias separatistas, en general, en España, deben aceptar lo que no pueden cambiar con su solo deseo irreprimible, a saber, los aspectos unitivos de España y la soberanía nacional del pueblo español (fuente del poder pleno y fundamento primero del Estado), que están fuera de su alcance, y deben seguir incólumes. Ninguna Comunidad Autónoma puede decidir por su propia cuenta sobre las cosas de todos, sino la nación entera, el conjunto de los españoles, a pluralidad de votos. Los nacionalistas deben atenerse a la Constitución, sin intentar caprichosamente nada por su cuenta. Lo particular debe engarzarse en lo común o general. La ley de un parlamento autonómico no tiene igual categoría jurídica que una Constitución, que se le sobrepone en eficacia jurídica y trascendencia política.

El Estado español, vigente la Constitución, no puede admitir decisiones unilaterales que rompan o mermen la unidad y la secular personalidad nacional, conllevando la desnacionalización de una nación de abolengo y la división de España (repartiéndose el suelo común, en parcelitas aparte), como, complacientemente preconizan, sin punto de madurez, con ardor verbalista y vibrante espíritu de tribu, algunos presuntuosos e insensatos nuevos políticos, que, relativizando la soberanía nacional y, a la par, haciendo servilismo respecto de los obstinados separatistas, quieren dar a éstos el extraordinario privilegio de vincular, con sus decisiones particulares, a todo el pueblo español.

¡Queramos una España obra conjunta de todos los españoles! ¡Mantengamos la España de raíces hondas y entrañadas, de cuerpo entero! ¡Sin relegación del sentido de continuidad! Ahora, nuestro plan, es, debe ser, que la gran mayoría, cada uno de nosotros, con entusiasmo, con determinación, de viva voz, con buena fe, en cada oportunidad, custodiemos, defendamos y realcemos la España de todos nosotros, la España que nos abraza en su regazo.

[Villarín]

De nuevo sobre Cataluña: el tic-tac que no cesa


Continúa el ininterrumpido tic-tac del enfervorizado separatismo en Cataluña, que tanto aflige, con su clima ambiental, con su acontecer negativo, con su aire de ultimátum, la política española. Con su deseo impulsivo quieren diseñarnos una España que no es, con horizontes y resultados imprevisibles. No pueden alcanzar la meta, alterando nuestra continuidad histórica, pues daría lugar a dolorosas consecuencias y, no pocas, acaso, desastrosas. ¿Habéis pensado en los riesgos y peligros que pueden provocar en la convivencia estas gentes resueltas?

Ante este desafío, ahora en su máximo apogeo, que va por derroteros inaceptables, el Estado español no puede permitir que una minoría, dentro del conjunto nacional, pretenda por su cuenta menguar una gran nación de vida secular. Nadie debería atreverse a escamotear por particular decisión parte de este viejo solar español, según su realidad actual. Espero que la democracia española salga airosa, si se quiere conservar España, que no puede olvidarse de sí misma y debe ser firme en la decisión de su defensa.

Hacia dónde vamos o hacia dónde caminamos lo decidimos todos los españoles, con voz personal, con criterio independiente, aun en todas las tormentas, aun teniendo errores. A los separatistas nunca se les va a dar contento; sobre esto es innecesario abundar, malgastando el tiempo. A menudo, con ellos, se ha sido condescendiente, facilitando su labor y sus posibilidades políticas. En este trance, aquí no vale aquello de que ninguno quede vencedor, que ninguno quede derrotado. Por encima de todo España.

Así pues, en términos claros y vigorosos, desde el Estado de Derecho, con las armas jurídicas, se debe someter a los elementos separatistas al imperio absoluto de la ley, la ley imperando por igual sobre ciudadanos y sobre autoridades, porque no se concibe la justicia sin igualdad ante la ley. En nuestro orden político, basado en la Constitución, obra colectiva, caben todas las tendencias y opiniones, como natural manifestación de la pluralidad inevitable de la sociedad española, pero han de respetarse, en la acción y en los actos, las normas de la democracia constitucional que nos rigen, en tanto vigentes. Los separatistas han equivocado el camino, al violentar la ley. La democracia es consustancial con el respeto a la ley, de lo contrario la convivencia es imposible.

Los secesionistas creen que la democracia son ellos mismos y, que extramuros de sí no existe verdadera democracia, sino un Estado con leyes abusivas, ejército amenazante, pura represión y justicia arbitraria, que no les deja hacer lo que ellos quieren, que es, sin respetar la Constitución, sin sensata vinculación al derecho, pedir peras al olmo, como meta de sus aspiraciones; en esta situación, la consecuencia será, seguro, que la vía de hecho desemboque en fracaso y merecida frustración.

Ante la perversión del lenguaje, que pregona que los demócratas son los secesionistas, es imprescindible salvaguardar la democracia de Estado de Derecho. Las fuerzas políticas y las reglas de la democracia están sometidas al derecho. Una democracia sin derecho, una democracia loca, solo puede llevarnos a una existencia insegura, vacilante o, de guerra abierta. La democracia representativa es consustancial con el exquisito respeto a la legislación vigente. De manera que, políticamente, no es posible lo que es imposible constitucionalmente; claro está, mientras la Constitución no se reforme, por sus cauces establecidos, que la misma prevé y que son garantía.

Y, para terminar, digo, con Galdós: “amo la España que es, aunque no me guste� (la situación ideal siempre es un desiderátum), como no puede ser de otro modo, siendo yo leonés de origen y español de corazón.

[Villarín]

No quiero una declaración de independencia sino de interdependencia
(Carles Puigdemont, entrevista a Euronewss, 25/01/2017).

Junqueras pide por carta a Montoro un “diálogo bilateral�sobre financiación (ABC, 10/02/2017).

“Cataluña es una nación, no una comunidad autónoma. No una nacionalidad como la define la Constitución, tenemos una lengua y una cultura propia..." (A. Mas, en la UAM, 16/02/2017).


Que los separatistas vistan la pasión de serenidad


No se puede participar en ningún diálogo que pretenda saltarse el marco constitucional. Soy hostil a las tendencias disgregadoras, al secesionismo, pero no a conjugar la unidad política del Estado con las tendencias autonomistas, pues autonomía no es separatismo ni soberanía, que, en nuestra Constitución de 1978, no se escinde. La superestructura político-administrativa que dibuja la Constitución española, que dispone, entre otras cosas, que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 CE), y que la nación española es patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2 CE), en Cataluña no fue puesta desde fuera, sino democrática, libre, y espontáneamente aceptada por la ciudadanía. El “Sí� a la Constitución de 1978 en Cataluña, es decir, votos a favor sobre votos válidos, fue el siguiente: en Lérida del 91, 9%, en Gerona del 90,4%, en Barcelona del 91, 0%, y en Tarragona del 91,7%. En el conjunto de España la media fue del 88, 5%. Estos datos son significativos y la realidad misma. ¿Dónde está la supuesta imposición de España a Cataluña?

Ciertamente, en esta etapa histórica, un amplio grupo de catalanes quieren vivir aparte de España, y esa situación es respetable, pero, en esa Comunidad, muchos más quieren vivir siendo catalanes y españoles y no aceptan el separatismo por la fuerza ni ser arrollados, prescindiendo del valor del derecho. Y, en el ámbito de toda España, la mayoría de los ciudadanos quieren preservar la España entera que somos, para que siga siendo lo que es, una unidad superior incluyente con conciencia nacional de tal unidad, un solo cuerpo nacional, la nación española: nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes.

El carácter de España como nación, no depende de ningún propósito o intención conminativamente decidido por los secesionistas, sino únicamente de la voluntad de la soberanía popular, que, en nuestro régimen democrático, sin más, es la decisión última del conjunto de los españoles. La autoridad del Estado democrático de Derecho, pues, debe ser restaurada en Cataluña, con determinación inflexible, de acuerdo con los poderes constitucionales, para que sean respetados los derechos de los ciudadanos que no quieren vivir en Cataluña extramuros de España, sino pertenecer al Estado español, además de sentirse parte inescindible de la nación española, lo que no sucedería si por la vía de hecho, la independencia de Cataluña, se consumara.

La Constitución, expresa muy bien el sentir general del pueblo español, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas�. A los nacionalistas la autonomía lograda les parece poco, aunque es mucha, y el federalismo lo desechan “tiende a igualar, y Cataluña tiene personalidad propia�, en el decir de Pujol y, con esto, lo que éste reivindicaba era un sistema asimétrico y una jerarquía entre las Autonomías y, por tanto, no respetar la esencial igualdad política de las comunidades autónomas en nuestro modelo constitucional.

Como algunos nacionalistas empiezan a tener claro que la independencia es una quimera, sin horizonte de porvenir, porque el Estado de Derecho en su autodefensa parece que no se va a dejar vencer, los más tibios, en su flujo y reflujo vuelven otra vez a insinuar “la tercera vía� (antes defendida por Unió y otras opiniones), es decir, la confederación (sistema confederal que se reflejaría en el binomio Cataluña-España, no Cataluña dentro España) y a la subsecuente bilateralidad (“para hablar con España de tú a tú�, que diría Puigcercós), según se infiere de las palabras referidas en el encabezamiento, pronunciadas por Puigdemont y, bien mirado es tesis también del escrito de Junqueras, aunque tengo claro que son manifestaciones tácticas, en el camino de la desegregación que sueñan.

Frente a las tesis confederales (y sus consecuencias negativas, Miniestados edificados sobre residuos del Estado actual), que no reconoce la Constitución, porque disocia la unidad del pueblo español y de su soberanía, defensa de ésta y de las autonomías, sin privilegios de algunas respecto de las restantes. Los nacionalistas deben saber que hay cosas que no deben querer. España no puede regresar a sistemas confederales que hemos superado hace siglos; no debemos volver atrás, de ningún modo. Hoy no son de recibo las poliarquías o fraccionamiento político medieval. Los caminos de España no se pueden andar para atrás. No valen las argumentaciones historicistas de los engallados nacionalistas y sus adláteres que, envanecidos, pregonan la historia propia para marcar distancias y cotas diferenciales con respecto a los restantes pueblos de España y Comunidades Autónomas en los niveles de autogobierno.

Arguyen, al cabo, una regresión al pluralismo medieval, a residuos feudales, con los que enmascaran pretensión de privilegios inadmisibles en los Estados democráticos y sociedades formalmente igualitarias. Las heterogeneidades o singularidades que tienen algunas comunidades respecto del resto de las de España, en lo razonable, están reconocidas, amparadas y protegidas en nuestro garantista ordenamiento jurídico, sin olvidar que todos los derechos derivan de la Constitución.

Cataluña, que, en el tiempo presente, no respeta la ley común y se desborda de propósito con el Estado y la nación política propia, empero, al amparo del artículo 210 de su Estatuto de Autonomía, pide el cumplimiento de la regla de bilateralidad prevista para diversos aspectos de la financiación autonómica, reuniones “entre las dos partes�, Estado y Autonomía (Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat); es decir, quiere reunirse con el Estado al margen de las reuniones de carácter multilateral que se celebran sobre estas materias, a las que no acude, como recién se ha visto, y ello porque allí las restantes Comunidades Autónomas no le permiten prelación o lugar de prevalencia; la bilateralidad, propia de Estado Confederal, es la ventajista forma de disfrazar los nacionalistas catalanes, en ese marco, la indisimulada pretensión de aseguramiento de los mismos privilegios alcanzados con los conciertos forales, que, dígase lo que se diga, éstos son pura y simplemente privilegios, se vistan como se vistan, y que hoy día no deberían sobrevivir.

Dicho sea de paso. El concepto de los llamados “derechos de los territorios forales� de Navarra y el País Vasco, a que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución, no está definido en la norma constitucional, donde aparece imprecisa e indeterminada esa categoría, al no precisarse cuáles pudieran ser esos derechos, si bien no son derechos potencialmente ilimitados, que autorizaran al legislador autonómico a decidir libremente sus competencias (como si tuviera un título competencial autónomo), con justificación última en la propia historia, pues según el párrafo segundo de la precitada disposición, su contenido y alcance normativo debe concretarse en el correspondiente Estatuto de Autonomía, y siempre dentro del marco constitucional español.

Sin embargo, los políticos nacionalistas de esas regiones forales han pretendido –y siguen reclamando– fundar en tales derechos una soberanía originaria, legitimándola en la historia, que, a su juicio, sería fundamento de un derecho de autodeterminación, cual fue el caso, por ejemplo, de lo que se denominó el “plan Ibarrretxe�, con su Estado Libre Asociado, etc. Este tipo de construcciones son rechazadas con sensatez fuera de aquellos círculos, porque es obvio que, en nuestro sistema político y orden constitucional, quien otorga validez y vigencia a tales derechos históricos, no es la historia sino el Poder Constituyente español.

En efecto, como se ha dicho bien por el Tribunal Constitucional, en la sentencia 76/1988 (FJ 3º): “la Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores, y desde luego, la actualización de los derechos históricos supone la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contradigan los principios constitucionales. Pues será de la misma disposición adicional 1ª y no de su legitimidad histórica, de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia�.

A mi ver, ni la historia ni la lengua ni la cultura específica de un territorio deben servir para lograr privilegios. No es razonable en el siglo XXI apelar a derechos históricos en un Estado social y democrático de Derecho. Esos “derechos históricos�, de base ideológica tradicional y reaccionaria, han servido para crear “privilegios� en materia fiscal, como ya dije son los conciertos forales, sustentados en la Constitución, ciertamente, pero, no obstante este reconocimiento, incompatibles con la norma suprema, que dispone en su artículo 138.2, que “las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales�; precepto éste, que la misma realidad se encarga de contradecir sin rubor, pues, queda claro que, en la dualidad del sistema de financiación vigente, las dos Comunidades citadas disfrutan en base a tales derechos de un nivel de financiación muy superior a las quince restantes acogidas al régimen general o común. Verdaderamente es un status discriminatorio en relación con el resto del pueblo español. La realidad es el contraste mejor del derecho positivo, y, en el caso, la evidencia de la constatación es suficientemente patente.

El Estado debería tener el control fiscal sobre la totalidad de los impuestos, como elemento esencial del sistema tributario. El factor de asimetría existente en nuestro modelo financiero de las Autonomías, no hay duda que, aunque legal, pues está reconocido constitucionalmente, es a todas luces un verdadero privilegio fiscal de dos territorios, que merma la solidaridad y conduce a la desigualdad real entre los españoles, dado que no es posible generalizar a las demás Comunidades ese ventajoso particular sistema (de capacidad normativa, de inspección y de recaudación sobre la totalidad de los tributos), so pena, en caso contrario, de quiebra financiera del Estado y del principio de solidaridad. De ahí que, por razón de esa grave amenaza para la existencia misma del Estado social, creo yo, no pueda darse por semejanza satisfacción en esta cuestión a Cataluña.

Las nacionalidades de España, si aceptamos esta ambigua expresión, derivan sus derechos de la Constitución, pero eso no les satisface a los nacionalistas, de ahí que tengan la pretensión de dar al concepto de nación un alcance político-jurídico, del que hacer derivar derechos especiales, por encima incluso de la Constitución, como el de autodeterminación para la secesión, que, además, identifican con derecho unilateral a la separación.

En la aseveración citada de Artur Mas, una vez más se observa que los separatistas no tienen mesura para autocontrolarse y no perder el sentido de la orientación. Y, es que, si la simple existencia de una lengua propia y su singularidad cultural, diese derecho a ser una nación política, como afirma, en el mundo habría cerca de 5000 naciones soberanas, por lo que, así entendidas, obviamente, ello acarrearía tales males políticos que harían ingobernable el mapa político del mundo y, ante tal despropósito, es natural que la prudencia política de los Estados no admita esa atomización, siendo lo razonable la tendencia contraria, la formación de superiores conjuntos trabados y armónicos.

Si una lengua específica diera derecho a ser “una nación política�, entonces, ¿cuántas naciones habría en España o en Francia o en Italia o en Alemania? Y, por tener oficialmente una misma lengua, ¿USA, Australia e Inglaterra, deberían ser solo una nación?, ¿Alemania y Austria, también?, ¿Hispanoamérica y España?, ¿Brasil y Portugal? Y otra pregunta, a saber, si la realidad de Cataluña es plural, como evidentemente lo es, ¿quiere esto decir, según la tesis nacionalista de dar a la lengua valor político fundamental, que en los límites territoriales de Cataluña hay dos naciones, la de los españoles de parla catalana y la de los demás españoles de habla castellana? No es razonable lo que es absurdo y no podemos banalizar el concepto político de nación.

Como muestra la historia, la nación política soberana la determinan otros relevantes factores, en los que no podemos pararnos ahora, y entre los que el idioma no es la nota más importante. No dejemos que el insaciable tsunami nacionalista nos arrastre, con su fruslería política, en su erre que erre. No claudiquemos al chantaje emocional de los nacionalismos. Unidad ante los que viven políticamente de exacerbar las particularidades. Todos los conceptos políticos y constitucionales, doctrinalmente vigentes, ya sea, entre más, Constitución, Estado, Nación, Soberanía, Autonomía, Derechos forales, Poder judicial, los nacionalistas los desnaturalizan o desproveen de su sentido, en su camino de secesión.

La mayoría de los españoles, creo yo, estamos saturados del lenguaje de ruptura y confrontación de los secesionistas, ahora de los separatistas catalanes, de su desobediencia a las leyes (“legalidad de los otros…�), de sus engaños (“colarle goles al Estado…�), de sus ocultaciones (“no daré pistas al Gobierno español…�), de sus mentiras (“elecciones plebiscitarias ganadas…�, cuando un 1,8 millones de votos y el 47,8% de los votantes, no puede presentarse como una victoria, con la que pretender destruir la identidad española; ni siquiera tal porcentaje queda cerca del 66’6% del voto [en este caso parlamentario] que exige el Estatuto para su propia reforma), de su deslealtad (desde los órganos del poder constituido en Cataluña, a cada paso menospreciando la calidad de la democracia representativa y del derecho español).

No hablan bien y razonan peor, pese alardear de una educación refinada; los políticos catalanes nacionalistas, jurídicamente son unos bárbaros. Dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Los reaccionarios marrulleros que quieren demoler España, que ojalá nunca encuentren luz en sus intenciones, ni con vías de hecho ni con actos de fuerza. Convirtamos sus deseos en decorativas esperanzas, y más, si en su demasía, mientes como bellacos, se saltan la ley, o incumplen sentencias en delictiva actuación de desobediencia. Los secesionistas no pueden ser árbitros (como lo han venido siendo) de la situación política española; ni pueden tener el fenecido privilegio del “pase foral� para conseguir o negar validez a las disposiciones legales estatales en Cataluña, o sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional, como a veces pareciera, en sus reiteradas manifestaciones públicas, de deslegitimación.

El nacionalismo enfermizo, en la apuesta del referéndum, sí o sí, tiene que fracasar y fracasará; si bien la derrota no supondrá la extinción de sus ideas, ni la desaparición de sus irredentas reivindicaciones, al menos sabrán que éstas solo se respetarán en la praxis si no entran en conflicto con el orden constitucional, como, por lo demás, acaece en cualquier país del mundo, así, recientemente, en Italia (con la región de Veneto), en Alemania (con Baviera), o en USA (con Texas), que rechazan, alguno incluso ad limine, cualquier pretensión incompatible con los principios fundamentales de su unidad e indivisibilidad de esos países, como naciones y Estados, según sus respectivas constituciones.

Para éstas y las restantes naciones del mundo, con alguna rara excepción, el derecho de autodeterminación de sus partes no existe en sus Constituciones, bien al contrario, la integridad territorial la preservan como principio absoluto, inmutable e intangible, pues la unidad e indivisibilidad es un excelso bien general y principio fundamental de sus Estados, que tienen sustraído incluso al poder de revisión de la Constitución, de manera que, tal principio, descansa en una voluntad permanente de sus pueblos y, en ellos la unidad es definitiva, irreversible e indestructible.

Y nadie discute la calidad democrática de tales Estados. En las naciones mencionadas el secesionismo no tiene cabida en sus marcos constitucionales bajo ninguna condición, lo que, sin embargo, para nuestra desgracia, sí sucede en España, que en teoría se admite la posibilidad de una secesión, siempre que se renuncie al empleo de la violencia y que se respete las vías de reforma constitucional establecidas en nuestro sistema jurídico, y esto, claro, teniendo siempre en cuenta la atribución en exclusiva del poder constituyente al conjunto del pueblo español en el Título Preliminar de la Constitución (Art. 1.2), que es quien decide al fin. En las sociedades plurales y democráticas, en las que la mayoría de los ciudadanos no son independentistas, las soluciones satisfactorias son las autonómicas o las federales, y no otras, como la autodeterminación, que obliga a los ciudadanos, a cada uno de ellos, a elegir patria en términos excluyentes.

Así las cosas, en suma, un Estado democrático de Derecho no puede permitir pasivamente la subversión del orden constitucional, la ofensiva contra los símbolos del Estado, la permanente actitud desafiante, ni la ignorancia del derecho inexcusable, pues, a los gobernantes que actúan contra la ley, se les depone. Como dijo Cicerón: “autoridad que se aparta de la ley no merece consideración de autoridad�, y es que, los llamados a hacer cumplir las leyes, han de ser los primeros en esmerarse en cumplirlas.

Se entiende que todos deben a la Constitución el mismo respeto y no se consiente conducta que amenace la vida de la nación, y menos con violencia (como fue el criminal terrorismo etarra) o, casos de revuelta (amenazas ahora de la CUP) o, de una insurrección, que, lógicamente, ante estos hechos, con sujeción a la ley, todo Estado reprime, en la medida estricta que lo exija la situación, para evitar el desorden y la barbarie, lo que no es contrario, en nuestro ámbito europeo, a ninguna Constitución ni, por supuesto, a la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, que prevé esos supuestos y la justificada respuesta de los Estados (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, Roma, 1950, vid. arts. 2 y 15).

El llamado por los separatistas el “derecho a decidir�, no figura en el aludido Convenio, ni en los protocolos que se incluyeron después, es decir, no está reconocido, por lo que mal podrían invocarlo los ciudadanos de Cataluña ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), después de agotar las instancias españolas, pues lo que no se puede pedir un derecho que no existe (el TEDH no acepta reclamaciones de los gobiernos).

El espectáculo que se ofrece desde Cataluña por el nacionalismo, es penoso: exceso de orgullo, patrimonialización de Cataluña, radicalismo ideológico, devaluación de la democracia representativa, ineptitud de los gobernantes, corrupción política a mansalva, deslealtad, insolencia, etc. La Generalidad de Cataluña debe desarrollar sus atribuciones dentro de los límites de su Estatuto y de la Constitución española, sin desgarrar la raíz de nuestro convivir. Todos los actos que excedan del círculo de sus atribuciones tienen que ser declarados nulos por la justicia, frente a todos. Aparte las responsabilidades de los gobernantes, que, afortunadamente, se están exigiendo en los tribunales de justicia.

Los excluyentes nacionalismos separatistas no son propios de esta hora histórica, y si no se pone coto a su actuar socialmente irresponsable (a través del sistema jurídico y político), estos absolutistas pueden acarrear toda suerte de males, dañando hondamente las instituciones y sus bases esenciales y, por ende, la buena convivencia que conviene al pueblo español, que es una nación de altos hechos y gran historia en tantas realidades; verbigracia, una nación con gigantesca literatura, desde el Cantar del Mío Cid a Cervantes, Lope, Calderón, Quevedo, Gracián, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Ramón Llull, Johanot Martorell, Ausias March… ¿Qué país del mundo no se enorgullecería de tener hijos así?

Con altura de miras, con la base doctrinal de la Constitución, hay que defender la unidad de España frente a los separatistas, sin repliegue, sin abandono de posiciones propias, y con un discurso atractivo del vivir en unidad; es tarea necesaria en estos momentos intensos de nuestra historia común. El pueblo español, el conjunto de los ciudadanos españoles, no puede abdicar de la defensa del gran valor político y social de la unidad y de la eficacia del Estado, que es un bien público general.

Una vez más, digo: hay que adelgazar el nacionalismo disgregador, con políticas adecuadas, según la necesidad, para que no trascienda más y siga siendo semilla envenenada para la convivencia entre españoles, hasta hacer imposible o difícil la coexistencia, síntoma éste que ya asoma en algunos pueblos de Cataluña, donde los separatistas enterizos, con su maniqueísmo fanático, turban la convivencia. No creo que sea necesario insistir. En esos lugares, hay que recuperar, al servicio de todos, el prestigio y fortaleza de las instituciones, defendiendo, con claridad y responsabilidad la vivencia de la Constitución y el Estatuto.

España es un país importante, prestigiado, respetado, que celebra su pluralidad, pero que no puede permitir la destrucción de su soberanía nacional, ni su unidad histórica y comunidad espiritual, por ansia de un segmento minoritario de la población –que ni siquiera es opinión dominante de la ciudadanía en el espacio de Cataluña–, al que pareciera que le va más la división y el enfrentamiento, y lo que a esto es consiguiente, que la unidad y la concordia, según las reglas de un Estado democrático de Derecho, como es el España. Al Estado no se lo rinde con acometidas de mala fe, saltándose la ley, como las que estamos viendo. Por tanto, que los separatistas vistan la pasión política de serenidad.

[Yosco]

Amigo Villarín:

Visto lo visto y leído lo leído, yo te nombraría para dirigir las negociaciones con los catalanes independentistas.

Un abrazo solidario. Salud.
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Bitácora LUCERNARIOS:
Acerca de la luz por la poesía.
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Bitácora �nsuLa CerBantaria

[Villarín]

Amigo Yosco:

Dado que tú resides, consciente, en una Comunidad Autónoma muy potentemente experimentada en nacionalismo, que también quiere vivir por su cuenta, con codicia insaciable, y nunca has mantenido piadoso silencio ante la oprobiosa opresión en ella habida, sino que amargamente has protestado contra el aire de pantano insalubre que aún no hace mucho la recorría, necesitaría que coadyuvases conmigo, para la redonda perfección de los consensos y la obtención de sazonados frutos; como buen amigo, sé que no me dejarás desamparado para que me estrelle con esos titanes de la libertad, y que severamente me disguste.

¡Salud y gracias por tus palabras amicales (!)

[Yosco]

[Yosco]

Más al hilo de la cuestión:

“Los secesionistas no están locos ni alienados, están enamorados�
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Bitácora LUCERNARIOS:
Acerca de la luz por la poesía.
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Bitácora �nsuLa CerBantaria

[Villarín]

Yo quiero una España sin que nadie la descarrile a las bravas

Nunca tuve actividad política, pero siempre he tenido preocupación política y, lógicamente, los problemas de España me han interesado sobre manera. Aprecio el valor de la Constitución y la eficacia del Estado de Derecho, con su racionalidad jurídica, siempre perfectible; y, por eso, veo con delectación que, en el campo separatista, la empresa secesionista cosecha desengaños y desorientación, al ser frenada por la fuerza razonadora y decisoria del derecho, que en su aplicación requiere un alto grado de conocimientos jurídicos y de especialización, en el mejor de los sentidos.

El Derecho y el Estado sirven a la Comunidad. El Derecho es la gran conquista de nuestra cultura; en sociedad, las vías de hecho llevan al precipicio. En anterior ocasión, dije, que no hay nada más grave para el prestigio de España y de su Estado de Derecho, que no hacer cumplir las normas jurídicas, haciendo cada uno lo que le plazca. No creo que exista una excusa verdaderamente absolutoria que exima a nadie de la obligación de respeto al ordenamiento jurídico. Si no queremos anarquía social, la Constitución –y el resto del ordenamiento jurídico– en tanto vigente, es guía segura para las soluciones políticas posibles y sin exagerado espíritu de particularidad.

La confiada democracia española ha permitido –con sus pactos y tolerancia practica de años– el robustecimiento de un tinglado nacionalista –para algunos, modo de vida– que, por su naturaleza tendenciosa y de ruptura constitucional, conlleva enturbiado conflicto político y jurídico, frente al que no hay más remedio, de aplicación cotidiana, que combatirlo sin ambigüedad, en sus extralimitaciones legales, pues, en un Estado de Derecho, la arbitrariedad no puede sustituir a la ley, por lo que se debe proteger el correcto ejercicio del Poder Público, que no puede usarse al margen de toda legalidad.

Una vez más, los secesionistas, se hacen la ilusión de que ha llegado su hora, la hora de la República independiente de Cataluña. Me alegrará la frustración de tal exigente inmediata aspiración. Cierto es que seguirán con su cansino flujo y reflujo, que dura demasiado tiempo, que consume demasiadas energías y, sin rubor de exhibición, ni remilgos, recorrerán pueblos, villas y ciudades de Cataluña, sembrando a voluntad odios hacia fuera y predicando insensatos delirios hacia dentro, pese a saber, que no puede haber, a libre elección de ellos, compromiso y transacción del Estado español sobre la integridad del territorio nacional, que es solar indiviso, por voluntad de origen del poder constituyente español.

La idea del Estado plurinacional, que propugnan algunos dirigentes del partido socialista, no la conozco bien, pues no la han presentado de una manera clara, precisa y acabada, más allá de hablar de “nación cultural�, que para los nacionalistas es una nadería; pero, en su perezosa argumentación, parece más que nada una idea desatinada, válida solo para enturbiar España y no para avanzar conciliadoramente; ese Estado plurinacional no es más que un eufemismo para decir que España es un Estado formado por un conjunto de naciones, en donde, no nos engañemos, España tendría identidad política pero no nacional, es decir, un Estado formado por varias naciones, en la que no está España, sustituida por el Estado plurinacional; una España sin España; al cabo, sería la vía directa para exportar el nacionalismo radical existente en algunos territorios españoles, que conllevan pretensión de nación soberana, al resto de España, por dinámica de emulación.

¿Un Estado federal que contuviese a la vez una pluralidad de naciones? ¡Cuidado con las estructuras de Estado dentro del Estado! No se debe tratar de volver a desandar lo andado; institucionalmente caminar hacia atrás es retrógrado. No podemos volver a la España medieval, y menos todavía, habiendo españoles tan aficionados a las taifas, al cantonalismo, y al caudillismo, como acredita profusamente nuestra historia. En ese Estado plurinacional, aunque solo se hablase de naciones culturales, a los separatistas, ya dije, no les satisfaría, sino que seguirían queriendo elevar a nación política sus respectivas Comunidades y, como paso subsiguiente, como lógico corolario, desearían constituirse en Estados independientes, con lo que, en el mejor de los casos, siempre cediendo, estaríamos, al cabo, ante los Estados Confederales de España y, en el peor de los supuestos, más pronto que tarde, ante la disolución de la nación española, por el fanatismo de unos y la estúpida complacencia y blandenguería de otros.

Con los separatistas, lo primero ley (y no destrucción del Estado de Derecho) y luego política general estatutaria, tanta como permita la sensatez y el marco constitucional, sin recompensar la coacción o la arbitrariedad, ni ofrecer formas jurídicas ambiguas, como abstractamente se proponen, que, sin querer, por su vaguedad, funden títulos de legitimación que acaben usurpando el poder constituyente español, cuando las cañas se tornen lanzas. ¡Cuidado con la ambigüedad lingüística en las revisiones de los textos legales! ¡Los nacionalistas quieren todo el poder y están dispuestos a conseguirlo! ¡Mal vamos, si siempre se cede según sus deseos, que, naturalmente, tienen que ser respetados por todo el mundo!

Cuando se abra el proceso de reforma de la Constitución, llegado que sea un momento de distensión política y haya las mayorías cualificadas para enmendarla en lo necesario, en el aspecto territorial, la propuesta más razonable –dado los demonios que nos habitan– es el perfeccionamiento del modelo autonómico, y no el problemático laberinto del Estado Plurinacional o del Estado Federal Plurinacional, que conllevan potenciales peligros, bien patentes, dado lo que vemos diariamente. Además, ni la solución federal (que no la quieren los nacionalistas, porque iguala y ellos son diferentes), ni la relación exclusiva o bilateral con el Estado central (porque las demás Comunidades también la desearían), ni el concierto fiscal, darían satisfacción a los secesionistas, como acredita el separatismo en el País Vasco. Y repito, tampoco el reconocimiento de la denominada, por algunos, nación cultural, pues, mil veces han dicho los nacionalistas que no cabe considerar a Cataluña una simple nación cultural, sino una nación política, lo que es un rechazo al Estado plurinacional, de las naciones solo culturales de las que habla el partido socialistas y algún otro.

Y es que, démonos cuenta, que aquellos que quieren demoler España, no les basta con ser “nación cultural�, sino por fuerza y en sentido absoluto, “nación aparte y distinta�, nación política soberana; empero, en sentido jurídico constitucional, que es el que importa y no se puede desbordar, “la Constitución –norma del poder constituyente– no conoce otra que la nación española� (STC 31/2010, de 28 de junio). Acaso, algún día, los secesionistas, desesperanzados en el sueño de constituir una Cataluña independiente, decidan conjugar con el resto de España, al darse cuenta, de una vez, que la patria grande y una, no va a aceptar escindir la soberanía ni estar cautiva perenne de fuerzas disgregadoras, por más que azucen.

Miremos pues, lo que a la mayoría de los ciudadanos españoles nos conviene, sin cerco a España: perfeccionar el Estado democrático y social de Derecho, que proclama la norma constitucional, en el que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y obligaciones, y sin más asimetría que los hechos diferenciales, que ya están reconocidos y garantizados por la Constitución integradora que nos rige, y sin hacer caso de reclamaciones y quejas infundadas, ni arredrarnos ante el bandolerismo legal separatista. Una España guiada por ideales del progreso y contenido social. Yo no estoy con esa parte de la izquierda acomplejada que no habla de España porque tiene miedo a que los reaccionarios nacionalistas les llamen “fachas�, y hacen política para adaptarse a ellos.

A mí que nadie me espere entre los equidistantes (“de unos y otros�), entre los indiferentes a la unidad de España y del Estado de Derecho; milito, de manera clara, en defensa de la nación española y de la Constitución, que es expresión de la voluntad general. Y soy desdeñoso con los dirigentes nacionalistas tramposos, que interesada y dolosamente manipulan y confunden a la opinión pública sobre la realidad de las cosas. A este nacionalismo artero, de pestilente fruslería jurídica, nadie le obliga a gritar ¡viva España!, tan solo, que sepan convivir en concordia y armonía, respetando el derecho de todos.

Los españoles no catalanes –salvo los bastante ignorantes– no escatiman ningún elogio a lo que en Cataluña vale mucho, sobre todo, su lengua y literatura, que son un bien de catalanidad para todos los españoles; pero eso es una cosa, de gozo dichoso, y otra, diferente, crear alboroto y pretender sacar provecho del barullo, como premio a la ilegalidad y al chantaje, o bajo el peso de la amenaza de la algarada, que los demás españoles convalidemos el programa y su reivindicación precisa: la independencia. Nadie puede beneficiarse de su propia injusticia.

Así las cosas, la democracia española jamás debe abdicar de la defensa del valor político, social y moral de la unidad del pueblo español, preservando la integridad territorial de España. Todos los pueblos de España compartiendo su propia vida y personalidad dentro de la unidad de España, combinando unidad, pluralidad y autonomía. Nada ansío con mayor intensidad que España se libere de la división separatista en nuestra convivencia, para la mejor armonía social. Yo quiero una España sin que nadie la descarrile a las bravas.

[Villarín]

Siguen alborotando…

No era difícil prever, que la profecía de los separatistas sobre el advenimiento, a primeros de octubre de 2017, de la República Catalana y de una nueva Edad de Oro de Cataluña –toda bañada de paz y prosperidad, jubilosa y alegre–, será inaccesible, pese a su divinización. Ante el Estado de Derecho no valen los derroches inútiles de argumentos cínicos y falaces, de hombres que se complacen en creer las propias mentiras más disparatadas, cuando las invocan para despegar del mundo español y volar por su cuenta, y que, por espurias, causan estupor en criterios formados en la probidad intelectual. La verdad escueta es que, infortunadamente, la ciudadanía de Cataluña está siendo gobernada –o representada– por insolentes sinsorgos que actúan con gestos solemnes de personas importantes y que han puesto a Cataluña en una situación de irresponsable anormalidad institucional, cuasi insurreccional, y al borde de la refriega física, pues, sus secuaces, se desbordan en odio y alimentan disturbios.

Los nacionalistas siempre han querido demasiado, en sus diferentes fases históricas, que ya suman siglos. Su lema es ¡No basta, queremos más y más! En Cataluña, al menos a partir de 1892, la meta final de la independencia ha estado invariablemente trasparentada hasta el presente; y, en la actualidad, con extrema inercia, preside la totalidad de su vida política; sin embargo, una y otra vez naufragan en sus deseos y esperanzas. La invención histórica, la pedantería, la presuntuosidad, la soberbia, el tono arrogante, la desleal unilateralidad, y la destrucción que practican de toda idea del derecho, que ni siquiera resiste el análisis de ninguna persona lega que tenga sentido común, les hace cometer demasiados errores, que, al cabo, necesariamente frustran la realización de su idealizada República, de vida feliz.

No se puede dialogar con los separatistas, si su punto de partida y de término, es siempre el mismo, abrir el portillo a la independencia, pues si este deseo es ideológicamente respetable, no es menos respetable la opinión de los ciudadanos que en su mayoría no comparten políticamente esa posición. Y si, por razones políticas, en un futuro próximo conviene dialogar con esos hombres de aires embravecidos, ha de ser sobre problemas reales y estatutarios, y no problemas inventados o imaginarios y, desde luego, siempre dentro del marco constitucional. Lo que quieren los separatistas debe quedar a buena distancia del objetivo. De la imposibilidad de satisfacer esa larga ansia, viene el rabioso resentimiento que satura el aire de la política nacionalista y que, en estos momentos, por su impostura e impudicia, les degrada.
Confundiendo propósitos y fuerza, quieren crear una República, según su imaginación y sus deseos y, al efecto actúan intempestivamente pretendiendo imponer su santa voluntad, sacrificando y anulando los derechos de los demás, destruyendo lazos y afectos de larga vida, y ello, al no tener en cuenta que Cataluña es una sociedad plural y bilingüe, y que, a España no se la puede negar ni deshacer libérrimamente, llevándose todo por delante, porque a las molleras de esos seres superiores todo les deba estar permitido. ¡Cuándo entenderán que Cataluña y el resto de España no son antitéticos! Que no se lamenten de una situación creada por sus propias faltas. Que no se llamen a engaño. Que la lástima sea para ellos, no para España.

Esa parte del nacionalismo catalán estruendoso, ultra, de silbo y pateo y lluvia de palos sobre España, en fin, de gentes sin seso que han pervertido el carácter de la convivencia en Cataluña, ya solo se pavonea del brazo de los palmeros y de la desesperación, porque sabe que la anchurosa España, que desprecian, no va a consentir ninguna impunidad, ni navegar fuera a bordo de la Constitución. Sin circunloquios, el porvenir de la nación lo decidimos todos los españoles; y el Estado debe desbaratar cualquier insurrección en territorio nacional. Velemos por la Constitución y la salud de las instituciones. Como demócratas y ciudadanos españoles, no podemos dejar que nos atropellen. Es, pues, hora buena para corregir. Sea.

[Villarín]

El Gobierno de la Generalidad, en el pasado mes de octubre de 2017, fue destituido, por aplicación del artículo 155 de la Constitución, con fundamento en las razones consabidas, a saber, principalmente, el hecho extraordinario de la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI). De esta manera, a partir de esa fecha, el obstinado ideal de consecución de la República catalana, al confrontar con la ineluctable realidad institucional de España, se quedó en frustrante desilusión, porque los secesionistas habían querido lo que no podían. Era razonable pensar que por la vía de la DUI no habría consecución de ningún logro, ni apariencia de logro, ante un Estado democrático de Derecho, como el español, con su fuerza coercitiva, que, en tal situación, hizo lo que se debía hacer, ante el ataque directo a la Constitución, a la integridad territorial del Estado y a la existencia de España.

No podía prosperar el programado golpe institucional, apetencia separatista, porque el elemento rector del mismo, ilusamente se creyó, que la ambición desmesurada eran fuerza suficiente para entrar en el cuerpo a cuerpo con el Estado español y que éste, perplejo ante tamaña deslealtad y la descarada avilantez de las instituciones catalanas, iba a apocarse y a consentir, sin pena de nadie, la unilateral desegregación de Cataluña del resto de España, dentro de la cual está secularmente subsumida, siendo parte constitutiva, por integración y no por anexión.

Empero el Estado de Derecho, cuando en verdad es tal, no capitula en la persecución de los comportamientos que quebrantan el orden jurídico establecido, y hace cumplir la ley. Cumplir la ley no es una elección sino una obligación, bien es sabido. Las leyes se hacen para los ciudadanos y los gobernantes, sin que se pueda vivir de espaldas al derecho. Se puede estar en desacuerdo con la ley, pero no desobedecerla. Los separatistas, ahora ya saben a qué atenerse si, apartándose de la ley, nuevamente avasallan derechos o pretenden levantar barreras entre españoles.

No obstante esto, lo que se puede prever o entrever de lo que dicen o insinúan los paladines del separatismo, luego de los graves sucesos de septiembre y de octubre de 2017, es que van a seguir perseverando en el propósito secesionista, con semejante estilo político al conocido, como si nada hubiera pasado y, a lo que parece, en lo sucesivo, incluso contemplan nuevamente la unilateral actuación finalista, que algunos resaltan públicamente con arrogante amenaza; por tanto, sin flojera, los separatistas, al día de hoy, continúan con idéntico atrevimiento, astucia, furiosos improperios, abuso de la mentira y burda manipulación del lenguaje, en cualquiera de sus manifestaciones, sea sobre el pretendido derecho de autodeterminación, el supuesto mandato popular, la fingida soberanía del pueblo de Cataluña, el manoseo de los falsos “presos políticos�, o menoscabando la calidad de la democracia española, etc.

En el caso de los políticos presos, la más humilde verdad es esta: viven en el interesado error de considerar que, como gobernantes, en sus actos, no están limitados por las leyes. Pero el despotismo político es de una época superada, de gobiernos absolutos y, en España, desde hace ya muchos años, vivimos en una democracia de Estado de Derecho; por lo demás, diremos con Blachof, que el “carácter político de un acto no excluye un conocimiento jurídico del mismo, ni el resultado político de dicho conocimiento les despoja de su carácter jurídico�, y, a más, nada impide que los políticos puedan ser imputados, procesados o acusados ante el orden jurisdiccional penal, si se les atribuyen hechos constitutivos de infracción penal.

Me valgo aquí del decir ciceroniano: “autoridad que se aparta de la ley no merece consideración de autoridad�, y debe ser depuesto. No pongan los exconsejeros de la Generalidad de Cataluña el grito en el cielo por lo que les pasa y les pasará cuando el proceso penal que contra ellos se sustancia, termine probablemente con sentencia firme de condena. Ante las infracciones penales, nada distinto podían esperar. Los políticos no están apartados de cumplir con el derecho, según las reglas que en una sociedad libre se establecen como necesarias para una convivencia llevadera.

La reforma constitucional, en tema de autogobierno, si es progresista, debe encaminarse a restaurar la igualdad efectiva entre los españoles y, además, mejorando el modelo territorial, para, a ser posible, acabar con las demandas infinitas de transferencias y con los conflictos de competencias, dejando claro lo que corresponde al Estado y a las Autonomías; ahora bien, no todo podrá ser prefijado en la norma definitivamente, para siempre, pues la vida evoluciona y el presente no es omnicomprensivo del futuro. Y es que, el orden jurídico no es inmutable o estático y de soluciones definitivas y válidas para cualquier momento de la vida en sociedad. El derecho se transforma continuamente, atendiendo a las necesidades sociales.

La Constitución ha sido capaz de insertar y articular en un sistema operante y fluido las partes del todo; y las modificaciones que en ella se hagan, que no se deben improvisar, han de ser soluciones constructivas, pero sin menoscabo de que todos los ciudadanos españoles somos sujetos de iguales derechos, sin importar el nacimiento y el origen, esto me parece esencial.

Ciertamente, como toda obra humana, la norma suprema es perfectible, se puede replantear, mejorar y corregir las disfunciones del Estado autonómico, ya muy desarrollado, pero se ha de tener mucho cuidado en profundizar, a caprichosa demanda de parte, en la consolidada organización autonómica existente; más autonomía es ampliar espacios de poder propio, y cuando sabemos que tratamos con habilidosos desleales, se ha de tener suma prudencia, pues, a mayor poder, más fuerte ofensiva cuando estén dispuestos a poner en cuestión, otra vez, el funcionamiento integrado del Estado, intentando su destrucción o diluyendo su eficacia. Se necesita un Estado central fuerte.

El Estado no puede ser una categoría marginal en Cataluña, que el Estado no exista allí, sustituido por un Estatuto “actualizado�, que sería su particular Constitución. Como no consiguen el inexistente derecho a decidir, y menos la independencia, no permitamos que consigan subrepticiamente la reforma constitucional, que les facilite su particular propósito, por medio de la reforma del Estatuto, y por esta vía encubierta hagan entrar en éste sumas estructuras de Estado, que luego les faciliten, a conveniencia, a un paso, la secesión formal.

En el Estatuto de Cataluña de 2006, de sus 223 preceptos estatutarios (más que la Constitución de 1978), 41 preceptos fueron declarados disconformes con la Constitución española y de éstos 14 nulos. En aquel estatuto, antes de la poda política que hizo el Congreso de los Diputados y, con posterioridad, en derecho, el Tribunal Constitucional (STC 31/2010, de 28 de junio), se imponía unilateralmente a España, un sistema claramente confederal reflejado en el binomio Cataluña-España, no Cataluña dentro España.

La solución, dentro de lo posible, al problema creado por los nacionalistas, no puede suponer la ventaja de un trato privilegiado para la Comunidad Autónoma de Cataluña, si justo. Serían privilegios, por ejemplo: el concierto fiscal, relaciones generales exclusivas bilaterales con el Estado, establecer planta independiente del Poder judicial en Cataluña, una situación confederal, o instituir para contento de algunos, de unos pocos, un Estado plurinacional, con riesgo de aniquilación de España, como el tiempo se encargaría pronto de hacérnoslo saber. Esas concesiones para simpatizar con las demandas nacionalistas serían un esfuerzo inútil, de mala política; tanto vale decir, que nunca abandonarán su pretensión separatista, que ponen por encima de todo. No hay que intentar contentar a los que no se van a contentar, salvo si consiguen lo que quieren, con pena de muchos.

En fin, ya se reavive y estalle, ya se calme o adormezca el nacionalismo beligerante, por sí mismo nunca puede votar la unidad de España; una porción del pueblo español no puede decidir por todos los españoles, unos pocos ciudadanos no pueden decidir sobre los demás. Los diversos pueblos de España están estrechamente emparentados, y tengo el sentimiento vivido y adquirido, de que, en conjunto, todos en sí aunados son uno solo, son mi patria, son España, en sus valles y rincones; por eso, me alegran mucho las cosas que unen a los españoles y me entristecen las que los separan. En este punto y hora, con sobriedad patriótica, ofrezcamos a los españoles el regalo de la sosegada armonía, que es la convivencia de lo diverso en lo uno de todos, y tengamos aversión por la desunión entre las gentes y los pueblos de España, y por los egoísmos de toda calaña.

[Yosco]

Amigo Villarín, concluyes y concluyes bien. Me ha gustado tu argumentación; pero el problema se ha hecho demasiado grande durante demasiado tiempo y llevará mucho tiempo, también, encontrar la manera de deshacer el nudo y encontrar la sensatez necesaria.
Salud.
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Bitácora LUCERNARIOS:
Acerca de la luz por la poesía.
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Bitácora �nsuLa CerBantaria

[Villarín]

Topografía de la náusea separatista

Sin eufemismos, la canalla política de nuestro tiempo es el separatismo y los demagógicos populismos. La Generalidad de Cataluña, no ha mucho fue un armadijo de radicales, de carácter intransigente, de vuelo agresivo, de acción iracunda y, al cabo, una guarida de exaltados golpistas, diseminando fuerte rivalidad y odio por doquier, en vez de valores de Estado de Derecho y democracia constitucional.

La democracia, sin embargo, tiene requisitos, y la verdad no es negociable. Los hechos están ahí, han sucedido y son verdaderos, y quienes los han llevado a cabo son responsables. Los gobernantes separatistas han dañado la convivencia, el erario público, la economía, la imagen de Cataluña y la reputación de España. Han apelado a las emociones y a la retórica, ofreciendo a la ciudadanía una independencia a beneficio de inventario. Pero la independencia maliciosa de Cataluña, España la rechazó, porque Cataluña es parte de una indisoluble realidad: España; Europa no la reconoció, porque el segregacionismo es antieuropeo, y el gran mundo económico salió corriendo ante la incertidumbre, mientras, a la par, el trabajo se resiente en el empleo.

Hoy, jueves, mañana del 1 de marzo de 2018, en Cataluña, en la caricatura de su parlamento regional, vuelven a reaparecer los nacionalistas inflamados, el tejemaneje de los partidos separatistas, con las enmohecidas triquiñuelas y marrullería de sus figurillas de líderes, que no conocen las actitudes ecuánimes y serenas, sino el sobresaturado embiste. Solo en España pueden verse tales escandalosas cosas. Ser conciudadano de tales sujetos me avergüenza. Y nada parece presagiar una renovación en la política catalana, una restauración o restablecimiento de la vida política legal. Los partidos separatistas tienen alterada gravemente la conciencia de la realidad, y por eso siguen queriendo imponer sus ideas contra los derechos de todos los españoles.

Nuestros súper catalanes épicos, ya veteranos, ya bisoños, preñados de rencores, en su mezquindad, insistencia y machaconería, no viven sino para aflojar y romper los lazos morales y políticos con el resto de España y, en esta tarea, deprimente y tóxica, de reiterada sugestión, están llevando a una gran masa de catalanes serviles a la imbecilidad, sabiendo además, como saben, pues es su oculta verdad amarga, que el órdago del todo o nada, siempre será nada.

La ofensiva abierta o disimulada contra el Estado y la ley, nunca prosperará, porque el Estado de Derecho, con su calma sedante, seguirá echando abajo la pretendida impunidad de esos conciudadanos, que no se han convertido aún en opresores de los disidentes –que son la verdadera mayoría social–, solo porque no pueden. España no es una antigualla, ni un páramo, ni está desmayada, sino una convicción inalterable, aunque, el separatismo, la vulgaridad de nuestro tiempo, en su arrogante ofuscación, hace como que no lo sabe, entrando así, una vez más, en el subido ridículo. Pero la justicia no duerme jamás. La justicia llega…

Deseemos que España salga de la crisis política de Cataluña realzada en su fisonomía propia, más firme en sus principios democráticos y más vigorosa en su unidad nacional. Y descartemos de una vez, la tesis del Estado plurinacional que defiende una parte frívola de la izquierda; no caigamos en esa trampa estéril, de la peor idea. En un Estado confederal no hay nación común sino naciones integradas y, en un Estado federal, hay Estados federados pero una sola nación y una sola soberanía; los Estados federados no tienen soberanía, que solo reside en los ciudadanos del Estado común. El Estado plurinacional que sus partidarios pregonan, sería un Estado confederal y no federal, no nos engañemos. No creo que sea prudente promover marcos legales más allá del régimen autonómico. Que, a cada paso de la vida, la unidad y la estabilidad, y no la división y fragmentación, sea un poderoso estímulo para el conjunto de la ciudadanía española, que asegure efectivamente el valor de la convivencia frente a los reaccionarios separatistas y las fuerzas populistas coadyuvantes.

Los separatistas crónicos, de persistente deslealtad, no tienen, nunca han tenido, mayoría clara de votos; ni, por tanto, mayoría social; les sobra entonces la jactancia. En las últimas elecciones de 2017, esos votos (47, 49%), esos escaños (70), dan para gobernar dentro del Estatuto y las leyes, y son tan insuficientes, que ni siquiera son bastantes para modificar el Estatuto de la Comunidad (66%). En todo caso, fueran los que fueren, ningún voto justifica saltarse las reglas del juego: la Constitución y el Estatuto. A nadie puede permitírsele poner a las bravas en riesgo o quiebra el orden constitucional. Se les debe meter en la cabeza, de una vez por todas, que lo particular es parte del todo general, del todo en sus relaciones y cohesiones internas, y que debe darse un correcto funcionamiento y unas relaciones armónicas entre las distintas instituciones del Estado. Las instituciones catalanas, deben actuar dentro de los límites impuestos por la Constitución del Estado español. Autonomía, también es heteronomía, y nunca soberanía. Empero, en la actualidad inmediata, como hoy vimos, los nacionalistas facciosos siguen sin buen sentido político, con flagrante impertinencia, con determinaciones extremas, aunque con vana obstinación agónica; en fin, quehacer político de gentes de escaso valor e índole nociva.

Ante el déficit de educación democrática del separatismo, en tanto subsista aquél, procede su supervisión. Me parece bien la alerta de las instituciones del Estado y de los demócratas españoles, que se han de hacer respetar; bien conocemos las tristísimas posiciones recientes de los nacionalistas catalanes; no es tiempo aún de una relación institucional confiada. Antes debe comprobarse que han enderezado el camino de la lealtad constitucional; que han retornado al autogobierno, al Estatuto, sin desviarse; que gobiernan desde las instituciones y dentro de la ley, con neutralidad, y sin hacer mal uso del poder. Lo contrario, no es democrático, ni aceptable bajo ningún punto de vista.

Con su espíritu implacable de bandería y de excluir al discrepante, el separatismo sigue restringiendo el espacio de la convivencia, ya en la calle y en los ayuntamientos que gobiernan, ya en el parlamento regional que dominan. Y este desvarío es parte de la etopeya o retrato moral del sombrío nacionalismo catalán de hoy, ligero y arrogante, sin interlocutores, de juicios altaneros y que no reconoce su yerro, por lo que, ante esto, hay que proceder con el mayor cuidado y con dirección firme, sin dejarnos andar a la deriva. Y, por encima de todo, España, con sus distintas maneras de ser español, sí, pero con continuada renovación de lo que se hereda y conservando su unidad, sin dejar que los lazos los quiebren flacos oradores de banquete, con sus discursos y actos secesionistas.

Villarín

[Villarín]

“Me dais pena todos los españoles� (Pere Soler, 2017).

“Ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes�
(R. Torrent, Presidente del Parlamento, 25/03/2018).

“¡Els carrers serán sempre nostres!�,
(Frederic Bentanachs y los ERC, 15/09/2018).

“No aceptaremos nada que no sea la libre absolución de los presos�
(J. Torra, 27/10/2018).


Los separatistas no quieren caminar para atrás…

Este artículo es de ocasión, como los precedentes. Y, como siempre, tomo posición frente a los separatistas, y defiendo abiertamente mis convicciones, pues, España, no me resulta indiferente. Mantengo una férrea oposición al separatismo, con el que no tengo ningún punto en común, de principio a fin. No muestran gran respeto por España.

Diré algo, al respecto, entreverando cosas.

Desde mi punto de vista, en el nacionalismo catalán existe un racismo étnico-lingüístico que viene de lejos: Valentí Almirall, Pompeyo Gener, Bartomeu Robert, Pere Bosch Gimpera, Rovira i Virgili, Pompeu Fabra, Prat de la Riba, Daniel Cardona, H. Barrera, Jordi Puyol, Joaquim Torra… Racismo que establece categorías entre seres humanos, afirmando la pretendida inferioridad del resto de españoles, como es de ver, también, en viejas y diarias expresiones peyorativas, como xarnego, y el intrínseco desprecio social que conlleva.
Y esto hay que airearlo sin miramientos, está en el ADN del separatismo, que permea sobreestimación patológica. El racismo es fuente de discriminación, y nunca han hecho autocrítica de esto. No se puede soslayar, que la viga maestra en la que descansa el pensamiento separatista, en su disyuntiva excluyente, es racista y xenófobo, de arriba abajo.

Todos estos hombres son claros hablando y desbarrando; qué decir de este patético Joaquim Torra, de voz altiva, de suficiencia, de pedantería, de petulancia, que lo hacen insoportable, por su angostura mental y que, con su pico y repico, inflamado y ligero, vive creando profundas fisuras en la convivencia, mientras nos anuncia la alegría del éxtasis final, el triunfo de la belleza ideal de Cataluña, la República, que dice estar construyendo. Los nacionalistas han conseguido envenenar Cataluña con su aversión a lo español, que minusvaloran y vilipendian. Con estas taras y estropicios no irán muy lejos. El estentóreo irracional entusiasmo los obnubila.

Los cruzados del separatismo, de ideas fijas, bajo el vulgar victimismo que practican, esconden un complejo, que les concita resentimiento, al querer tener una historia trascendente que nunca han tenido, y me parece que ese resentimiento es autodesprecio. El fenómeno social del separatismo no puede entenderse sin el conocimiento de esta psicología subyacente. Tal, por ejemplo: muchos hemos leído el sinsentido, apodíctico, del Institut Nova Història, de que eran catalanes Teresa de Jesús, Cervantes, Hernán Cortés, Colón… La fantasía histórica es una de las miserias distintivas de este nacionalismo. De ahí la desvalorización constante que hacen del ser de España, en su legado histórico y cultural, y, actualmente, de los principios y valores bajo los cuales colectivamente vivimos los españoles, fruto del amplio acuerdo social y pacto de concordia que representa la Constitución, que tachan de base antidemocrática, aunque en Cataluña tuvo algo más del 90% de votos a favor, sobre votos válidos, y, en España, en su conjunto, del 88,5% de síes sobre votos válidos. Por esta razón, no se comprende que contemplen la Constitución como ajena y opresiva, distanciándose doquiera de ella, sino es por su amargado pensamiento único, que rechaza lo que no se ajusta a su uniformidad de criterio. Afortunadamente, estos infelices que odian, que viven en trastorno permanente, que son más demócratas que la democracia, no son la realidad absoluta de Cataluña, sino la pura estupidez, que nos asombra.

El fundamentalista, señor Torrent, que preside sectariamente el desdichado Parlamento catalán (una mayoría parlamentaria, no es una mayoría social o popular), no hace mucho, dijo, con su soberbia personal, inquina insensata y afán de ignorancia, que “ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes�; es decir, al huido Puigdemont, que por sus excesos fue cesado legalmente y retirada la autoridad que poseía, en salvaguardia del orden jurídico. Son palabras degenerativas de un relevante cargo institucional (en la política española, hay un cierto descuido en cuanto a las personas que ocupan los escaños), que dialécticamente rompen la división y equilibrio de poderes, y que reclaman la medieval inmunidad del poder, conllevando desvaloración de la ley democrática, pero que, por ser sandeces, a nadie impresionan, y menos que a nadie a los jueces, los cuales, cuando en derecho proceda, en el ejercicio de su jurisdicción, seguirán aplicando a las personas refractarias y desobedientes a las leyes, las normas jurídicas del Estado de Derecho.

En las sociedades abiertas, como la española, de cultura democrática, plural en valores y opciones políticas, hay que actuar siempre dentro de un marco democrático, respetuoso con la legalidad. No existe una irrestricta libertad para hacer políticamente lo que a cada uno arbitrariamente le plazca, sino que, para hacer posible y llevadera la convivencia colectiva, es fundamental y decisivo, respetar permanentemente las reglas del juego, según dispone el orden jurídico establecido (que no es un orden inmutable y estático, ni de soluciones definitivas y válidas hasta lo infinito, pero es obligado su cumplimiento, en tanto vigente), y esto es lo que no han hecho los separatistas, con su vocación unilateral y excluyente, con sus actos contrarios al derecho. Por eso, a algunos de ellos se los juzgará, en su momento, no por sus deseos y aspiraciones, o su ambicioso ideal político (que me parece sombrío, por su pasión negativa), que despliegan libremente, sin cortapisas, sino por sus actos, presuntamente delictivos. La comprensión de esto está al alcance de todo el mundo, salvo de los separatistas.

¿Con qué derecho los separatistas se creen por encima de la ley? No cabe la impunidad en las conductas penales. En estos casos, un derecho sin sanción sería un absurdo. Estas fanáticas gentes, de atrasados rencores, que deifican el ideal separatista y quieren imponer el despedazamiento nacional por la vía de hecho, necesitan corrección y enmienda, es decir, cumplir la ley como el resto de los mortales. La democracia está organizada en leyes. Eligieron mal el camino, los responsables políticos del exasperado nacionalismo, situándose fuera de las reglas del juego, apartándose de la legalidad y el derecho, y deben pagar las consecuencias. Es imprescindible restablecer el prestigio del derecho en Cataluña, es lo apropiado. Lo acaecido es demasiado grave para tomarlo a la ligera. La unidad de España es, y debe seguir siendo, un principio establecido e indiscutible, como en Alemania, como en Francia, y como en todo país serio y bien gobernado. España no la podemos fraccionar en 17 soberanías diferentes. ¿Acaso no conocemos nuestra historia? La historia como drama.

Y, si luego del juicio, que a los procesados les espera, estos fueran condenados, y hubiese con posterioridad la tentación de indultarlos, poniéndolos en la calle a las primeras de cambio (como ya se pide por los irreductibles, y por algunos disimulados compañeros de viaje), ello significaría un vaciamiento de la pena, una clara impunidad, un sonrojo democrático, y una burla al Estado de Derecho. Las sentencias firmes hay que cumplirlas, si no, tales individuos, o sus secuaces, mañana seguirían obrando de la misma manera, transgrediendo descaradamente la ley, desmandándose sin disimulo, a la vista del fiscal y del juez, a los cuales, en lo sucesivo, en la operatividad real, en situaciones similares les costaría actuar, al comprobar que su labor, en sus efectos jurídicos, al cabo, habría sido enervada por la ligereza de meros actos de poder y arbitrio (dejo al margen, ahora, el Reglamento Penitenciario, con sus rebajas). Las groseras infracciones de la ley debilitan el Estado de Derecho y estimulan continuar las transgresiones, si no existe la sanción, o se deja sin contenido.

Por estos caminos torticeros, se pierde la fe en las instituciones del Estado de Derecho, que debe ser efectivo. El Estado de Derecho, una vez más, terminaría así demeritado socialmente, por obra de las falacias de los demagogos y los réditos políticos. Y a partir de aquí, alzadas prematuramente las correcciones, la deslealtad constitucional e institucional, devendrá convertida en rutina, y la radicalización, cada vez, más acentuada, y el Estado, en Cataluña, a merced del viento. Diálogo político, sí, dentro de la libertad constitucional y orden legal; sin entreguismo, sin ceder a las conveniencias de los separatistas. No se aplacan las extralimitaciones y abusos nacionalistas con más concesiones, sino aplicando con firmeza la ley, contra la alborotada ilegal segregación, como en cualquier país libre y democrático.

No es este el momento más glorioso de Cataluña, sufre crisis de prestigio, y, todo, porque los nacionalistas separatistas no admiten una convivencia política democrática, en unidad, diversidad y libertad. Se resisten deliberadamente a que, la soberanía, resida en la nación española, que no es otra cosa que el pueblo español, o con expresión más clara y precisa, la ciudadanía española, que no tiene más señor que las leyes del Estado de Derecho. Unos cuantos quieren decidir por todos y no admiten oposición, pero la mayoría de los españoles no nos resignamos a caer en las garras excluyentes de los nacionalistas, de pasión desatada, que engendra odios y disensiones en todas partes, como es de ver, por quien no esté ciego. Viven en el espejismo de creer que Cataluña entera está con ellos y, en su autoengaño, les falta el sentido de la medida. Nadie sabe en qué consistiría esa República ilusoria, más allá del mito. Los nacionalistas se supervaloran; intentan imponerse sobre las leyes y sobre los demás ciudadanos, queriendo que nos sometamos a su conformidad, de los pies a la cabeza, a su inapelable visión de las cosas. Creen que ellos pueden actuar como les plazca, incluso socavando la democracia, que confunden con sus excesos.

El nacionalismo significa enemistad (y, muchas veces, guerra) y destrucción de afectos. La camarilla separatista, en su política-ficción, en sus fines y proyectos ambiciosos, en su quimera de republiqueta sublime, constantemente se excitan y enardecen, en su lucha agresiva contra España; empero, necesitan un aire más apacible, de lo contrario, el Estado, con su serena contención, mantendrá límites y cotos a sus pretensiones inconstitucionales, en cuanto sean tales. La Comunidad Autónoma de Cataluña no es una entidad subsistente por sí; no es independiente y, el interés particular de cualquier Comunidad Autónoma, también debe tender a la conservación del todo, es decir, de España, que no puede labrar su ruina.

La Constitución española, que vertebra la nación y la convivencia, está destinada a ser cumplida ininterrumpidamente, mientras vigente. La legalidad española garantiza la convivencia y la diversidad, pero no el uso tramposo de las instituciones, ni la tarea de demolición que lleva a cabo el separatismo; según vemos, en su espíritu tribal, ni rectifican los errores a tiempo, ni aprenden de ellos. El Estado, con su prevalencia, no se va a someter a la horma del poder nacionalista, a su pensamiento oficial, a su ideología reaccionaria y autoritaria, con la que destruyen la convivencia social y nacional. Todos somos ciudadanos de una nación soberana, España, que es de todos, en unidad diversa. Una España libre y democrática, con igualdad de derechos y cargas, sin privilegios, y sin desigual grado de autonomía política. No hay ningún pueblo en España que no tenga rica y propia identidad, lo que no lo hace incompatible con la unidad de España ni el funcionamiento integrado del Estado.

Los vínculos con la lengua materna, la memoria histórica, las costumbres y tradiciones, los sentimientos comunes, las instituciones, etc., ciertamente constituyen parte fundamental de nuestra propia identidad, de nuestro ser humano. Mas, si en una sociedad plural, estos valores se convierten en fines últimos de cada cual, entrando en contradicción con los fines distintos y últimos de otros, viviéndose, los unos con los otros, incompatibles entre sí, en un mismo tiempo y espacio, inevitablemente habrá colisión y conflicto. Esta clase de intereses y valores, sin duda merecen reconocimiento y protección por el orden político y jurídico democrático, pero no son valores de una sola perspectiva, cuando, en un mismo lugar, concurren con otros igualmente fundamentales para los que los viven como propios, que también han de ser amparados. Y, si como es el caso de Cataluña, una parte importante de personas, los nacionalistas, esa miscelánea de vínculos, sin duda importante para ellos, los llevan al campo de la incompatibilidad con el pluralismo de valores y de ideas allí existentes, pretendiendo imponer su monismo sobre los demás, entonces, la solución racional a esta oposición entre personas, en la práctica civilizada, no puede ser otra que la respetuosa convivencia pacífica, en mutua concesión de tolerancia y respeto, dentro del orden jurídico vigente, que, se modifica, según sus reglas y entre todos. La única manera de mantener la discordia dentro de límites razonables, es sometiéndonos todos a las reglas generales de convivencia; a los separatistas, sin embargo, las reglas materiales comunes no les bastan y están dispuestos a violarlas en nombre de la suspirada independencia, como bien sabemos; hay que estar en alerta constante, para que, por la vía de hecho, no nos limiten nuestros derechos.

En la arquitectura jurídico-política diseñada para España por la Constitución de 1978, España es una sola Nación y un solo Estado, no un agregado de Naciones o un Estado plurinacional. En aquella norma no hay más sujeto constituyente que el pueblo español constituido en nación. Nación que, por lo demás, precede y sobrevive a la Constitución, que como toda norma jurídica es contingente. Constitucionalmente, somos un solo país, un solo cuerpo nacional, una sola soberanía, y un Estado único y común para la totalidad del pueblo español, si bien complejo y organizado en un sistema de Autonomías. Existe, por tanto, un infranqueable abismo entre el separatismo y la unidad de España, y es de sobra sabido que los caminos trillados de las continuas concesiones, no sirven para refrenar el separatismo.

Nada de nuevas apresuradas formas constitucionales, sino tranquilidad constitucional. Ni federalización de España, ni confederación. No es bueno, dada nuestra historia, dividir al pueblo español en una pluralidad de Estados, como se pretende por algunas fuerzas políticas; y, desde luego, menos mutilarlo, vía autodeterminaciones. El Estado de las Autonomías (corrigiendo los defectos puestos de manifiesto, y sin poner en riesgo la capacidad funcional del Estado central) recoge adecuadamente la diversidad de España, con su estructura territorial descentralizada; y lo particular, en lógica de lo razonable, debe seguir siendo parte del todo. Me basta dejar sentado que toda solución tiene por base un elemento común, la Constitución española. Es decir, en el marco de los límites que fija la CE.

En este punto, explicada de la manera más simple, mi opinión consiste en lo siguiente: los demócratas españoles no podemos quedarnos de brazos cruzados ante quienes rehúsan cumplir el derecho y pretenden destruir el ordenamiento constitucional, que debemos revalorizar en su contenido, sin perjuicio de su mejora, con reajustes y correcciones, pues, como todo producto histórico, es contingente y perfectible; enmiendas, de producirse algún día, que han de hacerse con respeto a las fronteras inmanentes en la reforma constitucional: a saber, respeto a los principios de la soberanía nacional, respeto al régimen fundamental de libertad y democracia, sin desvirtuarlo ni eliminarlo, respeto a la unidad de España y a la unidad del Estado; nadie tiene libertad para destruir España, por ende, solo caben justas, prudentes y adecuadas modificaciones, sin alterar el núcleo duro de la estructura constitucional y los valores del Estado de Derecho, que deben ser efectivos y no retóricos, y siempre con el apoyo de una mayoría parlamentaria suficientemente amplia, como exige el buen sentido político. No se debe legislar en atención a sentimientos, teorías o intenciones de partido, sino de necesidades objetivas y cosas convenientes.

Con autorresponsabilidad, hay que defender al Estado español de la radicalización cada vez más acentuada de las fuerzas opuestas al mismo, que atentan contra el orden constitucional y democrático. Con severos controles del Estado democrático y la ayuda correctiva del derecho, como guía y fundamento, hay que enervar la unilateralidad y la arbitrariedad que trajina en la vida política catalana, por malos usos del secesionismo, que obra sin lealtad al sistema constitucional español, y, desde luego, reprocharles el inadmisible tono de desprecio hacia lo español. Día tras día, infringen, premeditadamente, la Constitución y el Estatuto. A más, atrapados en su laberinto, los gobernantes separatistas se ocupan de sí mismos y sus secuaces, en vez del bienestar de toda la población residente en Cataluña. Usan el poder en provecho propio.

La actuación de los poderes públicos fuera del derecho, no es legítima. Se creen libres de cualquier vinculación a la democracia constitucional y de Estado de Derecho. La relación de la mayoría de los nacionalistas catalanes con la democracia, es dudosa. Aquel parlamento es pura degeneración, ya dije. Dejar hacer, es entrar en riesgo de tiranía. Hay que remover los obstáculos que impiden o dificultan los derechos y libertades de los no nacionalistas. El espacio público es de todos y los separatistas están sometiendo a estrés inaguantable a los ciudadanos que no comulgan con sus ideas, lo que es patente, sobre todo, en los pueblos pequeños de Cataluña. Estas actitudes son una amenaza para la libertad, por la perversión del orden público. Es nuestra incumbencia como ciudadanos españoles defender nuestros derechos, frente al incesante sectarismo inigualable, que ya se está expandiendo a otras regiones españolas; no se aquietan, sino que se esparcen y se estiran. Su comportamiento no es amistoso. Rómpase la inercia arrastrada, si no se quiere pagar un precio infinito. Hay que oxigenar Cataluña, así lo creo yo.

Los nacionalismos son las termitas de España; quieren destruirla. Los medios que emplean conducen a ese fin, y no se puede permitir que se salgan con la suya. El fanatismo extremo, el ferviente, el arrogante, el perverso, no debe ser tolerado. A los fanáticos separatistas no es posible satisfacerlos y, como, además, están siendo en cierto modo agresivos (CDR, Arran, y otros), pisoteando los derechos de demasiadas personas, hay que controlarlos con medidas legislativas y la coerción del derecho, cuando ya se ha comprobado que mediante la persuasión nada se consigue.

Los separatistas, dándole la espalda a la realidad, quieren hacer creer que, en Cataluña, solo hay un “yo� político idéntico, un único ideal colectivo homogéneo, una sola meta original y última, querida por todos allí, un solo fin que es exclusivamente la esplendorosa secesión; y, como la cruda realidad impide y obstruye que sus ilusiones se cumplan, al no tener en cuenta el destino al que conducen los caminos sin salida, de sus múltiples frustraciones y fracasos culpan a España, que, como es de sentido común, no tiene libertad para destruirse o mutilarse a sí misma, y, no pudiendo cortar amarras con la realidad constitutiva y constitucional de la nación española, la amarga impotencia la pagan los disidentes, a los que pretenden acallar, en su pensamiento crítico.

Y, en efecto, como la intensidad de sus deseos no es amparada por la Constitución, ni refrendada por el número de votantes, acuden a la violencia moral, al constante hostigamiento, a la coacción, al acoso, a la imposición; y esto, según yo lo veo, se hace abiertamente, en la vida diaria, en la calle, en los institutos, en las universidades, en los trabajos, en las instituciones; es moralmente doloroso y absolutamente desconcertante que se esté permitiendo este estado de cosas en Cataluña, cuando es un grave problema lesivo para la convivencia y perfectamente identificado. Estas gentes piensan que todo es válido por la causa nacionalista. Condenemos con suficiente fuerza estas actitudes, y los valores de fricción por los que se guían. No experimento incomodidad intelectual alguna, cuando condeno en términos absolutos esta manera irracional de actuar, que nutre la división, y me parece moralmente repulsiva.

No apuro más este asunto.

[Villarín]

“Sois unos fascistas, sois unos putos fascistas. Cogeremos las pistolas y os reventaremos la cabeza, hijos de puta.�
(Insultos y amenazas de un separatista a un grupo de estudiantes constitucionalistas, en el campus de la UAB. Leído en El Periódico de Barcelona, de ayer, 18/12/2018).

A vuela pluma; dos líneas.

Cada vez más, los líderes separatistas no controlan la agresividad que sus partidarios generan en el seno de la sociedad, volviéndose peligrosos para el mantenimiento de la paz social. Me da miedo, por extremadamente peligrosa, la agitación política y social acompañada de multiplicadas barricadas de los grupos autodenominados antifascistas, o, mejor, y vale el oxímoron, de los “fascistas antifascistas�, si atendemos a su conducta en la calle y en las aulas, bruta y avasalladora, que, un día sí y otro también socavan los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho en Cataluña. Estos totalitarios, de imbecilidad mental, corruptores del lenguaje, arbitrariamente califican de fascista a quien no comulgue con sus ideas y acciones, aunque los disidentes sean de talante liberal y progresista, o meramente conservadores, desvelando así el carácter totalitario del movimiento nacionalista. Creer estar por encima de las leyes y repudiar el Estado de derecho, permite reconocer precisamente en estos nacionalistas, la ideología fascista, en su significado original. Los valores de la razón crítica y de la libertad, que hacen que una sociedad sea decente y humana, no pueden sucumbir ante la brutalización de estas gentes. El orden constitucional existente, que es pacto democrático de convivencia, debe ser protegido de esta amenaza, con todos los medios legales disponibles. La España civilizada, en pro del bien de todos, debe rechazar cualquier totalitarismo, hasta la frustración y la derrota, por sus indeseables consecuencias. Cuidado con que la sociedad se vuelva hacia formas totalitarias, que son tóxicas para la salubridad de la convivencia en libertad.

Los separatistas tienen un fin promisorio definido, y porfiadamente quieren realizarlo, saltándose la Constitución, el Estatuto, las leyes generales, y el respeto humano; pero ese carácter teleológico, no cuenta con la libre voluntad aquiescente del resto de los ciudadanos españoles, que, en su gran mayoría, consideran que, Cataluña, por encima de los deseos de sus actuales gobernantes regionales, debe seguir estando ligada al destino de la totalidad a la que históricamente pertenece, España, dentro de la cual está subsumida. Y esta situación histórica, y constitucional vigente, en democracia, no variará mientras el conjunto de los españoles, titulares de la soberanía nacional, con su indiscutible poder, no determinen otra cosa, como apunta la razón constitucional y sus infranqueables limitaciones.

Con incondicionada hostilidad, y abuso demagógico, el parlamento catalán, con el voto de los separatistas y de los comunes, declaró ayer, 18 de diciembre de 2018, que la Constitución española es “antidemocrática� y “antisocial�; días antes, el parlamento vasco, con el apoyo de PNV y EH Bildu, denuncia que la Constitución “tiene una base antidemocrática e históricamente falsa�, y esto lo dicen, en el primer caso, muchos de aquellos que en un parlamento sectario obturan el pensamiento crítico y se burlan de los derechos de la oposición y, en el segundo caso, aquellos que gozan de caducos privilegios y que durante años miraban a los nogales, mientras una parte del mundo separatista, muchos ahora disimulados de demócratas, asesinaban a mansalva. Esta es la libertad, la calidad democrática y la garantía de derechos de los hipócritas que pretenden dar lecciones de civilidad, y blanquearse con meras palabras. No hay conceptos más incompatibles con la democracia que la violencia física o moral ejercida sobre los oponentes políticos. Para los nacionalistas, la Constitución no es democrática porque no les permite la posibilidad de elegir su separación del Estado, ni hacer arreglos unilaterales respecto a él, ni instaurar la República mágica. Estas gentes son incapaces de actuar en interés de la totalidad; sólo persiguen su propio interés. Quieren aniquilar el freno jurídico de la Constitución y convertir a ésta en texto normativo residual frente a las disposiciones de sus insípidos parlamentos regionales, que como el de Cataluña en estos tiempos, es farsa.

La Constitución no está por encima de cualquier crítica, lo sé. Pero las opiniones rotundamente negativas no parecen convincentes. Forman parte del espectáculo de excesos a que nos tienen acostumbrados los nacionalistas. La razón crítica constitucional no es la declaración extravagante de una parte de unos parlamentos regionales, que sueñan con destruir toda la estructura constitucional del Estado, en detrimento de la unidad de éste. La mayoría de los españoles, empero, tienen autoconciencia general del significado y valor de la Constitución, que permite preservar el derecho y la libertad de los ciudadanos; por supuesto, con anhelos de mejoramiento, en lo que se determine justo.

Los separatistas representan la perversión política, son socialmente destructivos. No estoy dispuesto a dejarme engañar por las palabras, por los gestos externos, por las imágenes ficticias, de los políticos de feria, de cáscara vacía, y sin cualidades de dignidad. Nuestra democracia está amenazada internamente por los separatismos. España es ridiculizada y atacada constantemente. A los separatistas compulsivos e irracionales, resentidos y llenos de odio, ya no les queda ningún español al que despreciar. Su sentimiento de superioridad esconde un complejo de inferioridad, ya dije, de provincianos celos. Su mezquindad, su hostilidad, su avaricia, su victimismo, ponen de manifiesto su escasez mental. Esperan nuestra rendición total por vía de cansancio y resignación, y en ello ponen fuerte esperanza. No se apacigua a los separatistas, que intimidan, que no toleran disidentes ni rivales, tratándolos en lo político benignamente, consintiendo carros y carretas; ahora, ya, en gran medida, en la calle, parecen ser gentes socialmente incapacitadas para una convivencia social respetuosa. El futuro de la democracia en Cataluña depende de que al nacionalismo se le corte su avasallamiento y se le haga respetar en las instituciones y en la calle, el Estado de Derecho. Éste, más pronto que tarde habrá de reaccionar con respuesta más enérgica, antes de que allí sea irremediable la convivencia. Que no se usen las palabras para ocultar la verdad.

¡Qué gran tristeza ver en España este pudridero separatista! Me apena mucho que los lazos entre españoles se quiebren por estos separadores de gentes y de pueblos. Viven solamente para el desgajo de la vida compartida. Yo me llevaré un alegrón grande el día que, en la política práctica, por encima de todo, todos pongamos a España. En una palabra, una España convivida. Sigo esperando con ansiedad, pero veo no pocas dificultades…