Comarca de Gordón

[Villarín]

De la mala política (IV)

El pacto de la autoamnistía (Apunte de mi Diario, de 12/06/2024)

La amnistía no es moco de pavo, pero sus promotores quieren que los ciudadanos pasemos por el aro. La amnistía conlleva la no aplicación de la ley en vigor a conductas consideradas delictivas (cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso) y las penas quedan sin efecto alguno (si ya hubiere condena), borrándose los antecedentes. El indulto, a diferencia de la amnistía, solo puede otorgarse una vez pronunciada sentencia y no anula los antecedentes penales. La concesión de una amnistía, en la actual circunstancia de tiempo y lugar, es absolutamente improcedente, dado que, en esta España democrática y de Estado de derecho, no existen presos políticos ni exiliados por sus ideas políticas, pues cualquiera puede expresarlas libremente, por lo que, la amnistía no viene a significar un gesto de reconciliación entre españoles, sino, al contrario, un motivo de división, además de resultar una patente de corso para el etnocentrismo separatista. Si hay impunidad para estos enemigos del Estado de derecho, las cosas no pueden ir bien.

Esta amnistía canta mucho, por injusta, pero, al parecer, la ley la concede por nuestro bien colectivo y no, como es evidente, por ser el precio para seguir en la presidencia del Gobierno (…) La cosa es tan burda, que solo se engaña quien quiere ser engañado. La amnistía significa, también, ver a los socialistas plegarse a las exigencias de los delincuentes separatistas, rácanos que siempre trincan. Me domina el desconcierto –en el contexto de la situación política actual– al ver que se acepta con decisión, seguir cediendo y cediendo y cediendo ante los separatistas, que exigen el cielo al contado. Una amnistía ad hoc con el voto de los amnistiados. Esta amnistía no es un instrumento de convivencia, sino de privilegios e inmunidades.

Nadie debería beneficiarse de su propia injusticia, excepcionando la regla de aplicación del derecho. La ley ha de ser una para todos y en su aplicación no ha de haber acepción de personas, pero, a lo que parece, hay diferencias de condición y clase entre los ciudadanos de España, pisoteando así el preeminente principio de igualdad, que solo opera dentro de la legalidad. Con la amnistía la igualdad sufre mermas, al concederse un haz de privilegios exclusivos a determinado grupo de personas, los separatistas. El bien común ha de estar por encima de los sediciosos reaccionarios disruptivos. Un separatismo de disrupción, que, sin ser expresión general, sigue confundiendo una multitud con la opinión pública, y una mayoría de asamblea autonómica con una mayoría social y con el pueblo de Cataluña.

El derecho es una necesidad para la vida social y, su fundamento no se puede apoyar en la voluntad arbitraria del legislador. El preámbulo de la Ley de amnistía, no es para dicho; está redactado con el uso metódico de la mentira, porque el relato es falso. La verdad es coherente. Todos los que no somos invidentes hemos visto con nuestros propios ojos la evidencia del envilecimiento de los separatistas, de sus degeneraciones y sus encrespamientos, en el tiempo que comprende la norma de amnistía. Y ahora, contra toda higiene mental, contra nuestra minerva, contra la jurisdicción de la realidad y de la verdad, algunos políticos nos quieren hacer ver que el cuadrado es redondo y que no actúan por pura necesidad subjetiva de satisfacer sus personales intereses, sino que, el legislador concede la derogación retroactiva de la consideración de unos actos como delitos, movido por el interés superior de España. No es dable aceptar sin protesta esta inmunidad inconcebible, tan desorientada de los intereses objetivos de España, que, obviamente, no consisten en dejar impune graves responsabilidades penales, administrativas y contables, ya juzgadas o aún sin juzgar.

No es presentable a la ciudadanía esa forma de legislar, en flagrante contradicción con lo que los concedentes decían antes de ahora. En la hora que corre, España es una santa. No puedo comprender como España tolera y transige con un separatismo sedicioso, etnocéntrico y reaccionario; y, por ello, miro con verdadero asombro e indignación, que este gobierno para conservarse, con la ayuda de la ley de amnistía y el uso pródigo del erario, se humille ante los separatistas, vivificándolos y vigorizándolos, aceptando su exaltada metafísica y dándoles una inmerecida estatura política; unos separatistas, que no se contentan con poco y desean mucho, en parte, sobre cosas que son decisión de todos los españoles. Hay quienes tienen ojos y no ven. Oídos y no oyen… La democracia es, debe seguir siendo, negación de privilegios, como exigencia normativa. Mi desengaño con este Gobierno es irreconciliable.

La amnistía es inconstitucional por arbitraria, por descalificadora de la Constitución y por la relativización que hace del Estado de derecho (v. gr., arts. 9. 3, 14, 62 i), 117.3, 124 y 155 CE). Una amnistía para comprar votos, por un derrotado en las urnas, es una aberración. Sin embargo, dudo que, el poder corrector del Tribunal Constitucional (TC), vaya a declarar inconstitucional la arbitrariedad del legislador (abuso de la función legislativa), confrontada con la Constitución. Me temo que, la tendencia constitucional o bloque de opinión que denominan progresista, con su mayoría mecánica, reinterpretará la Constitución no para interpretarla mejor y crecer en su comprensión, sino para aprobar (declarar constitucional) por la “ley del encaje� la autoamnistía, sacándose de la manga disquisiciones y sutilezas constitucionales para justificar una determinada interpretación y metodología deferente, laxa y flexible, que agrade a los promotores de la amnistía.

Disfrácese como se quiera, pero esta amnistía no cabe en la Constitución, independientemente de los términos formales (y mendaces) de la motivación para su concesión. Darle la vuelta a la Constitución, hacerla decir lo que no dice, ni quiso decir, es fraude constitucional. Confío que esto no suceda – pese a lo que pienso que sucederá–, pues el TC debe seguir siendo un tribunal protector de la Constitución. Mi único consuelo, cuando escribo esto, es ver que la luna sigue preciosa en el cielo, con su vieja forma de iluminar el mundo...

Villarín

[Villarín]

La mala política (V)

En Alemania, el delito de “alta traición� se castiga al menos con 10 años de prisión e incluso con cadena perpetua (máximo de 25 años, caso de uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza) para los que pretendan “socavar la continuada existencia de la República Federal de Alemania� o bien “para cambiar el orden constitucional basado en la ley fundamental de Alemania�; en Francia las penas también pueden llegar a la cadena perpetua para los dirigentes de «movimientos insurreccionales»; en Italia, para similares actos, las penas oscilan entre los 20 y los 30 años de cárcel; Portugal prevé penas de 10 a 20 años de reclusión para quien intente «separar de la patria una parte del territorio»; en Estados Unidos la conspiración sediciosa se considera «la forma más grave de atentado contra el Gobierno» de la nación. Empero, en España, a los separatistas sediciosos juzgados, infelices que odian, se les indulta y a todos, juzgados o no, se les amnistía; el mundo al revés. Y a más, se pacta la política nacional con los bajos fondos de la política separatista, con alto precio y pago de todos, sin aportar bien alguno al común, siendo solo, lo que son, hiriente campo de Agramante queriendo mutilar España.

Villarín

[Seishin]

¡Qué razón tienes, Villarín! Así está España.
_________________
Blog cerrado actualmente.

[Villarín]

Agradezco el obsequio de tus palabras, amigo Seishin, y creo coincidir contigo en la opinión valorativa que intuyo subyace, con alusión política, en la expresión: “Así está España�. Y es que, en España, cuyo bien siempre deseo, a mi juicio están sucediendo muchas cosas de modo inconveniente, verbigracia, desde la recta razón jurídica congruente con la Constitución y el Código penal, para un ciudadano consciente es inasumible que el obediente Congreso de los diputados, olvidándose del plan infame de sedición y de malversación de caudales públicos realizado por los temosos separatistas, haya aprobado una ley de amnistía que perdona esos delitos a políticos delincuentes convictos; y, contradicción insalvable, que políticos y legisladores que se autocalifican de progresistas (yo juzgo el valor de los hechos y no de las palabras), se muestren compasivos con los separatistas etnocéntricos y malversadores del erario público, a los cuales, anulándoles las correspondientes penas y responsabilidades patrimoniales, dejan salir indemnes de hacer mal uso del dinero de todos y de haber puesto en peligro gravísimo la integridad de España y la unidad del Estado español. Sin observación de las leyes y de las reglas del derecho, no hay esperanza de que las cosas vayan por el buen camino. Los abusos de parte de la clase política, la impunidad y los privilegios con los que se trafica políticamente, en perjuicio de la igualdad, son la perdición de la sana política y del vigor del Estado de derecho, más aún, si se dan aquellos simultáneamente con maneras mendaces y despóticas.

Por lo demás, veo que se ha perdido el verdadero sentido y nombre de las cosas: demócrata, progresista, liberal, conservador, verdad, dignidad, bien público, interés general, responsabilidad…, vocablos que, en boca de algunos políticos son conceptos elásticos, flexibles y moldeables, según propios intereses. Debemos restablecer el sentido preciso de nuestros vocablos, sin bastardías. ¿Desde cuándo en una democracia son demócratas las autoridades y personas reos de sedición? ¿Acaso son demócratas los que atentan contra la Constitución y el orden democrático libre? ¿Es digna la autoridad que en democracia pacta con sediciosos, que dicen que lo volverán a hacer? ¿Es de interés general condonar a las autoridades y funcionarios malversadores del dinero público? ¿Es progresista el legislador que castiga la corrupción con acepción de personas? ¿Sienten la responsabilidad de los cargos que ocupan, los políticos que coquetean peligrosamente [relativizando] con el concepto de nación, o frivolizan con la función cohesiva de la lengua española, que, además, es la mayor riqueza cultural de nuestro país? ¿Desde qué momento y por qué, un liberal o un conservador o cualquier ciudadano disidente de la política del Gobierno, es un facha? ¿No ofenden el sentimiento de justicia, los pactos acordados con fracciones políticas minoritarias de intolerable chantaje aceptado? ¿Es un bien público, la pura mentira rebosante de soberbia? ¿Y suprimir y sofocar la verdad? No escribo más, sobra con lo que he dicho.

Van mis mejores deseos, con un abrazo cordial.

Villarín